La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, se despidió de la abogada Dolores Martín, ahora en prisión acusada de encargar el asesinato de su marido, con la petición de que la avisara si el asunto llegaba finalmente al Tribunal Constitucional y facilitándole además el teléfono de dos letradas especializadas en casos de violencia de género. Esta última parte de la conversación, de muy pocos segundos, se desarrolla a partir del momento en el que la mujer admite a su interlocutora que es investigada por la Guardia Civil como sospechosa de estar implicada en la muerte de su ex marido, Miguel Ángel Salgado Pimentel. El crimen se produjo el 14 de marzo del pasado año en el garaje de la vivienda que la víctima tenía en Ciempozuelos (Madrid), sólo 24 horas antes de que un juzgado de familia otorgara al hombre la custodia de la única hija habida en el matrimonio.
Como ya adelantó el pasado sábado ABC, la conversación entre María Emilia Casas y Dolores Martín se produjo a instancias de una amiga de la primera, que le dio el nombre y el número de teléfono de la abogada para ver si la podía aconsejar sobre la mejor forma de presentar un recurso ante el juzgado de familia para recuperar la custodia de la niña. A las 21:27 horas del 17 de abril -apenas un mes después de que se cometiera el asesinato de Salgado-, la presidenta del Tribunal Constitucional descolgó el teléfono y marcó el número de Dolores Martín, lógicamente sin tener la menor idea de que era sospechosa de un crimen y que además tenía el teléfono intervenido. Ni siquiera sabía que la persona a la que llamaba era letrada.
Sorpresa
En la primera fase de la conversación, la mujer relata a Casas supuestas agresiones perpetradas contra ella por su ex marido y los distintos avatares de su caso, entre ellos el de la pérdida de la custodia de la niña, que quiere recuperar a toda costa. Posteriormente se produce el reconocimiento de que es investigada por el citado crimen, lo que sin duda soprende notablemente a la presidenta del Constitucional, que decide poner fin a la comunicación.
Eso sí, lo hace con una frase que llama la atención y que puede tener varias interpretaciones: «Avísame si esto llega al Tribunal Constitucional», es la frase casi textual que pronuncia Casas -en cualquier caso, ese es el sentido exacto de la misma, según las fuentes consultadas por ABC-, quien a continuación facilita a su interlocutora el teléfono de dos abogadas especializadas en casos de malos tratos. Hay que precisar que en momento alguno María Emilia Casas explica para qué quiere que la avisen si se produce esa circunstancia de que el asunto llegue al Constitucional.
Fuentes judiciales consultadas por ABC insistieron en que por sí misma esa frase no supone que la presidenta del TC haya cometido delito alguno, «ya que se trata de una posibilidad de futuro y no dice en momento alguno la razón por la cual le interesa conocer esa circunstancia, como puede ser ayudar a esa mujer o bien abstenerse en este asunto al haber tenido conocimiento previo de él».
Eso sí, las mismas fuentes insisten en que esa frase confirma la «llamativa imprudencia con la que ha actuado María Emilia Casas en este asunto», sin duda no menor teniendo en cuenta que se trata de la cuarta autoridad del Estado. En otros medios consultados se considera, incluso, que sin duda la actuación de la presdenta del TC no es delito, pero en cualquier caso sí es «éticamente dudoso y en un país normal el implicado abandonaría su cargo».
La juez de Valdemoro que eleva la exposición razonada al Tribunal Supremo sobre la escucha a María Emilia Casas no hace en su escrito un estudio jurídico demasiado profundo sobre el contenido de la grabación, sino que se limita a informar del caso y a pedir que se analice por si la presidenta del TC hubiera cometido un delito recogido en el artículo 441 del Código Penal, que alude al asesoramiento jurífico a un abogado y a un particular por parte de un magistrado, aunque sea accidental. De hecho, no hace hincapié en la frase en la que Casas pide a Martín que le avise de si el caso llega al Constitucional.
Situación delicada
Fuentes jurídicas insisten en que la actuación de los jueces de instrucción en estos casos es muy delicada, ya que toman decisiones sobre algo que afecta a personas aforadas, que no son de su competencia. Si archivan el asunto sin más y luego trasciende algo quedarían comprometidos. Pero la situación contraria no es mucho mejor, ya que si lo envían al TS deben hacer una exposición motivada sobre posibles indicios de delito de una persona a la que no pueden investigar. Y esto exige un análisis más a fondo que el necesario para admitir o no a trámite una querella sobre la que sí son competentes.
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La Junta dio 395 millones a UGT y CCOO en la etapa de los ERE
- Entre 2001 y 2010, periodo que investiga Mercedes Alaya, recibieron 338 millones en subvenciones públicas y otros 56,5 de los Presupuestos del Ejecutivo andaluz
26 de marzo de 2013. 02:42hF. C. / C. C. / R. P. / M. C. . Madrid.
Que la trama de los ERE movió grandes cantidades de dinero público no es ninguna novedad a estas alturas. Ya fuese de un lado o de otro, se desviaban fondos para beneficiar a «intrusos», amigos o familiares y, cómo no, también estaban los «jugadores» que usaban las partidas destinadas a formación o desempleo para su propio beneficio. El pasado miércoles, el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero declaró ante la juez Mercedes Alaya que «sabía que se movía dinero desde la Dirección General de Trabajo, pero que eran unos 54 millones de euros al año la partida 31.L» y «que esta cantidad era una parte muy pequeña del presupuesto, comparada con la parte destinada a la Dirección General de Formación y Empleo, que era de unos 290 millones de euros». Una forma sutil, o quizá no tanto, de decir que eran los sindicatos quienes «manejaban» los fondos a su antojo.
